En el marco de la corresponsabilidad, la Política para la Participación Ciudadana constituye la carta de navegación de nuestro gobierno. La importancia de este instrumento radica en que traza y organiza los principales lineamientos gubernamentales en la temática y compromete a los órganos de la Administración del Estado a implementar acciones en concordancia con los impulsos programáticos del gobierno.
Nuestro gobierno asume la noción de corresponsabilidad como un elemento central que atraviesa cada uno de los contenidos señalados en esta política. Por corresponsabilidad entendemos la relación de compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la ciudadanía, es decir, para avanzar en pos del mejoramiento de los servicios entregados por el gobierno es necesario el trabajo conjunto entre el Estado y los ciudadanos. De esta manera el gobierno abre espacios para la participación ciudadana responsable, y las personas, como sujetos con capacidades, derechos y deberes, se involucran con el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas.
Los lineamientos estratégicos que se presentan en este documento y que dan forma a la política gubernamental en esta materia, emergen, en primer lugar, de un acabado trabajo de revisión y análisis tanto del Programa de gobierno como del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo. Además, de manera de asegurar la calidad y pertinencia de los contenidos que articulan esta política, se realizó un estudio en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigación que a partir de una revisión exhaustiva en relación a modelos y mecanismos de participación ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional, y de la realización de entrevistas a expertos, proveyó de importantes insumos conceptuales y metodológicos. Junto a esto, y con el propósito de validar el trabajo desarrollado, se llevó a cabo una mesa de trabajo y discusión con profesionales de nuestro gobierno.
En este mismo sentido, y con el objeto de que esta política represente e incorpore las distintas posiciones de los actores sociales involucrados en la temática, se realizó un proceso de consulta que incluyó a ministerios, municipios y a representantes de la sociedad civil.
